Con la llegada de la Ley Sarbanes-Oxley al mundo de la auditoría, tanto administradores como auditores, se han visto en la necesidad de rediseñar sus estrategias de selección y evaluación del Control Interno.
Para los administradores, el implementar un mejor sistema de Control Interno les genera gastos y sobretodo restricciones. A ellos les gustaría “cero” control interno para evitar los gastos extra, pero si llegará a haber problemas dentro de la empresa, ellos serían los principales responsables. Por otro lado, al auditor le conviene que el administrador tenga un eficiente control interno para que la revisión en la auditoría sea menor y que su margen de utilidad sea mayor al necesitar menos recursos. Sin embargo, el auditor no debe dejar de analizar los incentivos naturales que tiene el administrador para sobrepasar el sistema. Estas acciones generan para ambas partes un costo; para el administrador, el costo de manipular el control interno; mientras que para el auditor la pérdida de su reputación y el costo de litigios por un fraude no detectado.